A mediados de la década de los noventa se realizó en Costa Rica, por parte del Poder Judicial, una consulta ciudadana para evaluar la percepción acerca del sistema judicial. Los resultados mostraron descontento entre la población por el formalismo para acceder al sistema y la mora o duración de los procesos que se consideraba excesiva. Se emprendió entonces una labor de intervención sobre los problemas detectados, en una doble vía: mejorar el acceso a la justicia tradicional y generar otros espacios fuera del Poder Judicial, en los que las personas pudieran ventilar sus conflictos a través de métodos gratuitos o al menos económicos, de menor duración que un proceso judicial y con mucho menor desgaste emocional que aquél.